Enseñar en clave de accesibilidad: un desafío para la inclusión educativa

Desde principios de siglo, en Argentina las políticas educativas de todos los niveles se centraron en la inclusión. Una prueba directa es la promulgación de la Ley 26206 de Educación Nacional. Entendiendo a las políticas públicas como acciones del gobierno en respuesta a demandas de la sociedad, esta búsqueda de la inclusión en el nivel superior se observa en la supresión de exámenes de ingreso, la gratuidad de las carreras de grado en las universidades públicas, mayor presupuesto para infraestructura, becas, salarios y creación de nuevas universidades nacionales. Acciones valiosas, pero insuficientes a juzgar por las tasas de rezago y abandono. Estos resultados son llamativos, dado que en la última década se multiplicaron programas y proyectos para sostener las trayectorias educativas de los estudiantes universitarios, en particular, aquellos que son los primeros de su familia en este nivel educativo. En Argentina, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional desde 2014, en tanto es el primer Tratado sobre Derechos Humanos del siglo 21. Sin embargo, pocas universidades nacionales revisaron sus políticas institucionales sobre accesibilidad al entorno físico y virtual, las prácticas docentes en clave de accesibilidad y la disponibilidad de apoyos técnicos necesarios para equiparar las oportunidades de los estudiantes con movilidad, comunicación o comprensión reducidas. Ante la obligatoriedad legal del acceso directo y la no discriminación por causa de discapacidad, ¿qué aspectos relevantes deberían considerar las políticas institucionales para garantizar la permanencia y el egreso del mayor número de estudiantes posible?