Protección y desprotección social

El estado de situación de la protección social en Argentina, como en el resto de las naciones, es en buena parte el resultado de la evolución de la seguridad social. Noción que puede definirse en sentido amplio, según señalan Rodríguez Romero y Tadei (2002), como el conjunto de recursos organizados por el Estado para satisfacer las necesidades de las personas como consecuencia de las contingencias sociales que los afectan. Este concepto, tal como afirman los autores, fue utilizado por primera vez en un documento oficial de EE.UU. -la Ley de Seguridad Social de 1935- que instituyó regímenes para cubrir riesgos de vejez, muerte, invalidez y desempleo. Posteriormente, fue tomado en Nueva Zelanda en 1938 y en la denominada Carta del Atlántico, que vio la luz durante la 2a Guerra Mundial e inmediatamente fue adoptado por la Organización Internacional del Trabajo -OIT- para difundirlo universalmente. Desde entonces, ambos términos, Protección y Seguridad Social, suelen usarse Indistintamente para hacer referencia a la cobertura de necesidades sociales en materia de educación, salud, vivienda, desempleo, régimen previsional y asignaciones familiares. Sus manifestaciones incipientes están en relación con los criterios de caridad y los Seguros Sociales, pasando luego a Institucionalizarse con los Sistemas de Seguridad Social. Las diferentes medidas de protección social responden a los diversos procesos de acumulación de un país y sus opciones de desarrollo, ya que al igual que el resto de las políticas sociales, son un instrumento de regulación que contienen dimensiones económicas, culturales, ideológicas y políticas. Por ello, aunque más adelante se discriminará entre la cobertura de la Protección Social y la Seguridad Social, en tanto que la una contiene a la otra, se mostrará la evolución como secuencias de un conjunto de políticas sociales implementadas desde el Estado. Temporalmente pueden Identificarse cuatro puntos de partida que orientan los cambios en este campo. El primero se encuentra en el tramo que va desde los criterios de beneficencia hasta la modernidad. El siguiente está signado por el legado de Bismark y Lohmann, con las Leyes sociales de 1883 -en su intento de frenar el avance socialista- que dio origen a un sistema basado en las garantías de las rentas profesionales. Posteriormente, la transformación se da con el Plan Beveridge, que concibe un sistema de garantías de un mínimo vital con cargo a las rentas generales. Finalmente, una última etapa surge con el quiebre que produce el paradigma contemporáneo de la era de la globalización, caracterizado por cambios en la evolución demográfica: envejecimiento de la población y migraciones; cambios en el mercado de trabajo y predominio de ideologías que tienden a reducir el rol del estado en beneficio del sector privado, a cargo del cual queda buena parte de la protección social. En este sentido Argentina ha acompañado las tendencias de cada ciclo tal como lo demuestra la normativa de cada época.